¿Ha leído usted que alguien haya hecho cuestión de Estado por la concesión del
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez? La respuesta probable –o casi seguraes
que no. Tal parece que los derechos humanos de 28 millones de peruanos
a quienes se enajena su primer Terminal aéreo no están dentro del menú de
las preocupaciones cotidianas de ningún grupo en particular ni en general. Sin
embargo ¿qué debe hacerse en los países, cuando, vía monstruosas maquinarias
de propaganda y engaño, desde el mismo Estado, el concesionario (s) y los
miedos de comunicación, se impulsan fraudes como el habido contra el Perú a
través de la empresita Lima Airport Partners desde hace más de un lustro?
Si no hay reacciones, por intereses múltiples, negativos y positivos, quiénes sí se llevan
las palmas vergonzosas e inversas, son los partidos políticos o los clubes electorales
que pomposamente así suelen denominarse. ¡No han dicho nada orgánico y
en el Congreso se han limitado a hacer fintas y maromas al gusto de quien procura
no inquietar o agitar demasiado el cotarro político! En buen castellano, si hay un
papel oprobioso en este intríngulis ¡ése es el protagonizado por las colectividades
políticas! Las causas pueden ser muchas: debilidad organizativa, orfandad de ideas,
mediocridad intelectual, ignorancia del tema aeroportuario y falta de preocupación
en enterarse del mismo, claudicación por los intereses nacionales, anacronismo y
desarticulación de ideas, masas y resabios movilizables. Nada de esto excusa su
apabullante ineficacia. Las pandillas políticas destacan por su mudez cómplice.
Editor del Norte
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